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Comisión de Contabilidad y Auditoría

  • La nueva Ley de Auditoría, adapta nuestra legislación a la nueva europea y refuerza la independencia, la transparencia y la supervisión del sector, con el objetivo de aumentar la confianza de los inversores en la información económico financiera de las empresas.
    Carlos Mallo Presidente
    "La información financiera que elabora la contabilidad y revisa la auditoria, reduce la incertidumbre en la toma de decisiones de los inversores, que buscan la más eficiente asignación de los escasos recursos económicos."

    El 21 de julio de 2015 se publicó en el B.O.E. la Ley 22/2015 de 20 de julio de Auditoría de Cuentas, siguiendo los criterios de la Directiva Europea 2.013/34/ UE de Junio de 2013. Esta ley, aparte del efecto de normalización general de los usos y prácticas de la auditoría, propiciará asegurar que los estados financieros de las empresas, expresen la imagen fiel de su patrimonio y resultados, dando seguridad a la toma de decisiones de los inversores.

    Hasta su definitiva aprobación por el legislador, el sector de la auditoría, había tratado de introducir mejoras técnicas en la ley aprobada para adaptarse a las necesidades de un mercado dual, compuesto de un oligopolio de grandes empresas y un gran número de pequeñas sociedades de auditoría.

    Las principales divergencias se centraron en las restricciones para ser nombrado auditor, en las condiciones de independencia, donde, entre otras, detalla que la concentración de honorarios de la auditoría de una entidad no podría superar el 30% de los ingresos anuales del auditor, frente al 20% que estaba previsto en el proyecto.

    Otro punto controvertido ha sido el de las de Entidades de Interés Público (E.I.P.), a efectos de auditoría, que en la situación anterior, hacía incluir un elevado número de esta clase de empresas en España, en comparación con el resto de la UE. Con la nueva definición y la disposición final octava, el Gobierno se encuentra habilitado para, en el plazo de un año, establecer las condiciones a cumplir para ser considerada una EIP, en razón a su actividad, tamaño, o número de empleados. No obstante el gobierno se ha anticipado a la solución de este problema a través de un Real Decreto que modificó el artículo correspondiente del vigente Reglamento de Auditoría.

    Por fin el ICAC con fecha 22 de diciembre de 2015 ha publicado el proyecto de Real Decreto del Plan General de Contabilidad de PYMES para adaptarse a la Directiva 2013/34/UE de 26 de junio de 2013 y que entrará en vigor desde el primer ejercicio que comience a partir del 1 de enero de 2016.

    Este proyecto de ley y la ley de Auditoría de cuentas realizan una nueva cuantificación de las pequeñas y medianas empresas, considerando que son pequeñas las entidades que durante dos ejercicios consecutivos no superen los 4 millones de activo, 8 millones de cifra de negocios y 50 trabajadores y las medianas aumentan hasta 20 millones de activo, 40 de cifra de negocios y 50 trabajadores.

    La intención manifestada por la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea es legislar mejor dentro de la “Estrategia Europa 2020” para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que pretende reducir las cargas administrativas y las obligaciones contables de presentación de los estados financieros de las pequeñas empresas. Así a aquellas empresas que adopten este plan podrán presentar los modelos abreviados de las cuentas anuales, no siendo

    obligatorios ni el estado de flujos de efectivo, ni el estado de cambios en el patrimonio neto, reduciéndose de forma significativa la información a incluir en la memoria, destacando la supresión de la obligación de suministrar información sobre la aplicación del resultado.