Opinión

Servicios, iniciativas y retos del nuevo pilar del estado del bienestar

  • Jueves, 1 de Marzo del 2007 Javier Benavente Presidente de Alares
    Han pasado pocos meses desde que se aprobó la ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, una ley que supone un nuevo pilar en el Estado del Bienestar. Javier Benavente opina en este artículo sobre las bondades de esta ley, que tiene como objetivo final la creación de un Sistema para la Autonomía personal y la Atención a la Dependencia, y de qué pasos habría que seguir para que la implantación de este sistema se realizara de la mejor manera posible.   (Tiempo estimado de lectura: 4 minutos)

    La reciente aprobación de la Ley 39/2006 de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, ha significado el fin de un proceso legislativo y el inicio de un conjunto de otros que permitan su aplicación efectiva. Y que tienen como objetivo final la creación de un Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), llamado a ser tan relevante como ya lo son los Sistemas de Salud, de Educación y Protección Social. Con lo que la calidad de vida ciudadana y colectiva se verá enriquecida con un nuevo tejido de solidaridad social y con la configuración definitiva de un nuevo pilar del Estado del Bienestar de una sociedad avanzada. Sociedad que al tiempo que ve cómo crece económicamente, o cómo la esperanza de vida se alarga por mor de los avances sociosanitarios, se ve abocada a dar respuestas a nuevos retos sociales y que muchos de ellos cabe asociarlos a las perspectivas de su evolución demográfica.

    La creación del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, no es, sin embargo, algo sencillo, pues debe articularse sobre un entramado institucional como es el Estado de las Autonomías, dado que están trasferidas las competencias en estas materias, y también sobre un sistema de financiación que debe acomodarse tanto a las posibilidades presupuestarias como a las fórmulas en que se comparte la gestión de los recursos públicos por las diferentes Administraciones Públicas. Y también tendrá que adecuarse a las distintas condiciones personales, familiares, sociales y patrimoniales de los diferentes sujetos de los nuevos derechos, a fin de evitar cualquier discriminación o desventaja. Problemas todos ellos que hablan de la complejidad del tema, pero también de lo avanzada que es una sociedad que se ha ido dotando de mecanismos institucionales y gerenciales que permiten acercar a los destinatarios finales la gestión de la prestación de servicios que les atañen e interesan.

    Pero con ser complejas y complicadas las soluciones que habrán de arbitrarse para acomodar eficazmente los distintos cometidos, competencias, recursos y responsabilidades aludidas anteriormente, no son menores las tareas que habrán de acometerse para desarrollar sistemas de evaluación adecuados que permitan el reconocimiento de derechos y situaciones personales. Ni tampoco serán simples los procesos que faciliten el formar profesionalmente a las personas que habrán de ocupar los múltiples empleos y especialidades que surgirán a medida que el SAAD vaya siendo una venturosa realidad social y económica. Que tendrá que dar respuesta a las numerosas y variadas expectativas que se están concitando ante su implantación.

    El SAAD va a ser, por tanto, una fuente de nuevos empleos y actividades, en la que habrán de acomodarse muchas de las personas que esperan capacitarse para ello. Y que habrá que formar para que el SAAD tenga unos niveles de calidad en la prestación de esos servicios que vayan mucho más allá de la que se requiere en los servicios meramente domésticos. Pues los nuevos servicios de proximidad social responden más a servicios sociosanitarios complejos que a servicios de proximidad solamente presénciales y de atenciones primarias.

    De ahí que al hilo de la implantación del SAAD hayan de revisarse las incipientes iniciativas de la sociedad civil, de las Administraciones y de las empresas, que operan ya en un sector todavía por configurarse definitivamente. Para lograr, con ello, que el Sistema cumpla tanto los estándares de calidad obligados, como con las exigencias de eficiencia y competitividad que aseguren la rentabilidad de los recursos puestos en juego. Y también el que no se gasten recursos en procesos ineficientes o en prácticas que no respondan adecuadamente a los fines de atención personal y calidad de vida solidaria para el que la sociedad está dispuesta a destinar un porcentaje significativo de su PIB.

    De hacerse así es muy probable que pronto se vean cumplidos los pronósticos que se han vertido en los estudios previos sobre lo que puede significar económicamente el SAAD. Y que hablaban de la cantidad de empleos a crear y de los retornos empresariales y fiscales subsiguientes que rebajarían la aportación del PIB que hay que destinar al SAAD. Es más, es probable que esas expectativas se vean desbordadas al alza, pues con el SAAD nace una nueva dimensión económica y social, en la que aparecerán nuevas demandas que habrán de atenderse desde nuevos negocios y servicios y con fórmulas organizativas, tecnológicas y de respuestas personales y profesionales.

    Negocios, estructuras institucionales y organizativas y procedimientos que habrán de irse definiendo definitivamente a medida que el SAAD alcance las dimensiones que permitan la accesibilidad mayoritaria al mismo. Y es que si bien hay por delante muchos retos a sortear, es casi seguro que habrá muchas más oportunidades para las iniciativas rentables y para demostrar a todos que la solidaridad también contribuye a la competitividad económica, amén de hacerlo a la calidad social.